El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) calificó a julio de 2025 como el mes más violento contra la libre difusión de información y el libre pensamiento en Cuba, tras documentar 203 violaciones a estos derechos, el número más alto de los últimos tres años.
La cifra también marca un incremento del 23 % respecto a junio, “consolidando una tendencia ascendente que se mantiene desde marzo”, coincidente con el creciente descontento ciudadano debido a la crisis económica y social agravada por los prolongados cortes de electricidad, la escasez de alimentos y medicinas y la inflación y creciente.
“Nuestro informe de julio demuestra, una vez más, que, si los patrones estadísticos se mantienen, 2025 podría cerrar con más de 1000 violaciones. La dictadura cubana continúa consolidando la represión como política de Estado, aunque cabe esperar un descenso a partir de agosto, como ocurrió en el año 2024”, dijo a Martí Noticias, Normando Hernández, coordinador general del ICLEP.
La organización compiló 92 detenciones arbitrarias y 80 amenazas o agresiones psicológicas “como ejes centrales de una estrategia preventiva y punitiva” de una política de Estado planificada, coordinada y dirigida por la Seguridad del Estado con el apoyo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el sistema judicial y el penitenciario.
Entre los principales operativos de julio, el ICLEP incluye al desarrollado para impedir la asistencia de activistas y periodistas a la recepción del Día de la Independencia de EE. UU. en La Habana y la escalada de represión en el cuarto aniversario del 11J, con más de 40 personas afectadas, incluidas 14 periodistas, entre ellos Camila Acosta, Yunia Figueredo, Jorge Fernández Era y Ángel Cuza.
La entidad, con sede principal en Miami, registró además castigos penitenciarios y represalias contra presos políticos como el rapero Maykel Castillo “El Osorbo”, Cristian Jorge Labrada y Marcos de la Luz Caballero.
Asimismo, destaca la realización de procesos judiciales con peticiones fiscales desproporcionadas contra personas que se manifestaron contra los apagones, “evidenciando la criminalización de la protesta social”.
Las transgresiones a las libertades de expresión y prensa abarcaron trece provincias: La Habana con 96 violaciones a 90 víctimas, 28 activistas, 18 periodistas, 14 opositores, 9 presos políticos, 5 expresos políticos, 14 ciudadanos y 2 artistas.
El ICLEP alerta que estas acciones no son hechos aislados, sino parte de una política estructural de silenciamiento y control social, e insta a organismos como la UNESCO, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas a ejercer presión política y diplomática para exigir el cese de estas prácticas y brindar apoyo directo a las víctimas.
“Lo cierto es que el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Cuba, aunque nada de esto es nuevo, exige respuestas urgentes y efectivas de la comunidad internacional. Esta tendencia se reflejó con especial crudeza ahora el mes pasado, en julio, cuando registramos 203 violaciones a la libertad de expresión y de prensa, que fue el quinto mes consecutivo de incremento y el nivel más alto en los últimos tres años”, señaló Hernández.
“Más allá de estas cifras que son ya escandalosas, lo verdaderamente doloroso es el silencio de las organizaciones internacionales que estén llamadas a defender estos derechos fundamentales y lo más escandaloso de todo es la impunidad. Sí, la impunidad con que el régimen cubano ejecuta estas prácticas, perpetuando un ciclo represivo que socava la dignidad y las libertades del pueblo cubano”, recalcó.
La comparación estadística enero–julio muestra un total de 830 violaciones y un crecimiento sostenido mes a mes desde marzo, con “pisos” cada vez más altos de represión. La proyección anual, aun considerando descensos estacionales, prevé que 2025 se sitúe como uno de los años más represivos del trienio, con más de 1.000 casos.
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